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“¿Quién calla mi voz?”, cartas de un abogado en prisión revelan “lado oscuro” de su caso

“¿Quién calla mi voz?”, cartas de un abogado en prisión revelan “lado
oscuro” de su caso
marzo 30, 2017

En una docena de cartas y comentarios publicados en Diario de un preso
político, Julio Ferrer Tamayo denuncia que está preso porque el tribunal
falseó documentos relacionados con su encarcelamiento anterior, y señala
las irregularidades cometidas en su contra.
El abogado independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien cumple una
condena de tres años de cárcel por los delitos de falsificación de
documentos públicos (2014) y desacato (2015), ha publicado una serie de
documentos en el blog Diario de un preso político para demostrar su
inocencia, y denunciar las irregularidades cometidas en su caso.

El blog, lanzado a principios de 2017 por el Centro de Información Legal
Cubalex, del cual Ferrer es miembro, es parte de la campaña que lleva a
cabo esa institución por la libertad del abogado independiente,
encarcelado desde el pasado 23 de septiembre, durante el allanamiento
realizado por la policía política al local de Cubalex, ubicado en el
municipio habanero de Arroyo Naranjo.

El caso de Ferrer está citado en el Informe sobre la Situación de
Derechos Humanos 2016, difundido el pasado 2 de marzo por el
Departamento de Estado de Estados Unidos, que recordó que tras el
allanamiento a Cubalex “la policía liberó a los demás abogados,
detenidos por menos de 24 horas”, pero Ferrer “continúa preso”.

En el momento de su detención en la sede de Cubalex, Ferrer tenía
suspendida una sentencia de tres años por supuesta falsificación de
documentos en relación con su vivienda, y ya había cumplido seis meses
de privación de libertad en 2015 por desacato a tres jueces de la Sala
de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo.

¿Qué hizo para ser sancionado?, se pregunta Ferrer

En una docena de cartas y comentarios publicados en Diario de un preso
político, Ferrer denuncia que está preso porque el tribunal falseó
documentos relacionados con su encarcelamiento anterior, y señala las
irregularidades cometidas en su contra.

“El 10 de diciembre del 2008 presenté anta la Dirección Municipal de
Vivienda (DMV), un escrito en el cual reclamé la propiedad de mi casa,
en la que se me reconoce la residencia, constituyendo mi hogar desde
hace más de 19 años”, explica Ferrer, y añade que la institución estatal
le “transfirió la propiedad del inmueble mediante contrato de
compraventa con el banco”.

El abogado señala que “después de 6 años en el 2014, las autoridades
iniciaron un proceso penal en mi contra, por un supuesto delito de
falsificación de documentos públicos. Alegaron que formulé datos
inexactos al solicitar la propiedad de mi vivienda”.

Ferrer subraya en la carta que los jueces lo sancionaron al considerar
que la información supuestamente falsa que consignó en un documento de
carácter personal de la vivienda sirvieron para que DMV dictara resolución”.

Más adelante, en otra misiva, el abogado precisa que las autoridades
impusieron la sanción de 3 años de privación de libertad “a quien sólo
pretendió, mediante un escrito personal, obtener la propiedad de su casa”.

Ferrer indica que la sala de casación desestimó sus argumentos y
“calificó la sanción de justa y merecida”, aunque la entidad reconoció
que “el tribunal hizo referencia de antecedentes penales cancelados”.

En ese mismo documento, Ferrer explica el procedimiento seguido en su
contra por el Tribunal, y las razones por las cuales se encontraba en
libertad en el momento en que fue detenido, durante el allanamiento de
Cubalex.

“Fui liberado porque cumplí la sanción de 6 meses que me impusieron por
desacatar a tres jueces de la Sala de los Delitos Contra la Seguridad
del Estado del Tribunal Supremo Popular. Esta misma sala conoció el
recurso de casación y se abstuvo de corregir una sanción conjunta que no
aplicaba a mi persona, cuando confirmó la sentencia que me condenó.

En ese momento llevaba dos meses y 18 días en libertad. La sanción
conjunta en esa fecha fue impugnada en casación y no podía ejecutarse.
La Sala de Casación debió anular la sanción conjunta y dictar otra
ajustada a derecho. Esta actitud de las autoridades judiciales demuestra
que la intención de las autoridades judiciales era mantenerme bajo la
amenaza de ir a prisión.”

Sin respuesta de las autoridades

En una de sus más recientes cartas, Ferrer asegura que las autoridades
informaron a sus familiares que sería presentado ante la Sala Segunda de
lo Penal del Tribunal Provincial de la Habana, que ordenó su privación
de libertad, pero esta se negó a recibirlo.

“Pude revisar, antes de ser trasladado a la prisión, el documento por el
cual el tribunal le hace saber a las autoridades carcelarias el tiempo
que debía cumplir privado de libertad. Comprobé que contenía datos
falsos e inexactos”, afirma.

Según lo relatado por Ferrer “mientras la sentencia consignaba que fue
juzgado en libertad, cuando estaba recluido en Valle Grande los días 15
y 16 de abril de 2015, fecha en que realizaron el juicio, la liquidación
señalaba que estuvo en prisión provisional del 20 de febrero al 10 de
diciembre de 2015. Aún me mantengo en el centro penitenciario con la
información legal distorsionada”.

Ferrer recuerda que 12 días después de su arresto, su hija, Carla
Ferrer, “presentó escrito solicitando el inicio del proceso de Habeas
Corpus” a su favor, ante el Tribunal Supremo Popular, pero esta
institución se negó a recibirlo, alegando que debía presentarse en el
Tribunal Provincial Popular de la Habana. “Dos meses después se le
reiteró la misma solicitud”, afirmó.

Con el título de “Nulas respuestas de las autoridades judiciales”,
Ferrer detalla en el blog las incosistencias legales que, según afirma,
se han presentado en su proceso.

“Solicité 2 veces a la Sala Segunda de lo Penal del TPP de la Habana la
suspensión de la ejecución de la sanción conjunta de 3 años de privación
de libertad, que indebidamente extingue y promoviera el procedimiento de
revisión. No ha recibido respuesta”.

La petición, dice Ferrer, se presentó también a las Salas de Ejecución
del Tribunal Provincial de La Habana, que conocen y resuelven todo lo
relacionado con la ejecución de sanciones penales.

“Este foro judicial reconoció que la sanción conjunta impuesta a mi
persona es ilegal y que tal situación solo puede ser resuelta mediante
un procedimiento de Revisión”, asegura el abogado independiente.

Según la carta de Ferrer, la jueza, Silvia María Jerez Marimón,
Presidenta de la Sala Segunda del TPP de la Habana, prometió a su hija
responder personalmente a las solicitudes de suspensión de la ejecución
de sentencia, le dio varias citas pero no concretó ninguna ni tampoco ha
respondido.

“Personalmente responsabilizo a las autoridades penitenciarias por
aceptar mi ingreso en base a documentos falsos, expedidos por la
Presidenta de la Sala Segunda de lo Penal Silvia María Pérez Marimón. La
liquidación de sanción enviada por esta funcionaria contiene datos
incongruentes que pudieron ser fácilmente verificables por ellos”, señaló.

Ferrer afirma que las autoridades penitenciarias reconocen las
violaciones cometidas por el tribunal, pero se declaran incompetentes
para resolver la situación bajo el argumento de que “existe el fallo de
un tribunal”.

“Alegan que han elevado el expediente al tribunal, pero que no han
recibido respuesta”, dijo.

El relato de Ferrer cuenta que el 15 de diciembre de 2016 se recibió
información que el Presidente del Tribunal Supremo Popular, después de
11 meses denegó ambas solicitudes, “decisión que confirmé a través de la
representación letrada contratada con ese fin” y agrega que el
Presidente del Tribunal Supremo no se pronunció respecto a este
particular, “a pesar de ser uno de los motivos alegados en la solicitud
de revisión de la causa”.

“Las autoridades penitenciarias pueden corregir su falta de debida
diligencia. Pueden solicitar a la Sala de Ejecución del Tribunal
Provincial de la Habana, mi excarcelación como beneficio previsto en la
legislación penal, en base al tiempo de cumplimiento y mi comportamiento
actual dentro del centro penitenciario”, expresó.

En diciembre pasado, la representante de Estados Unidos en la
Organización de Naciones Unidas, Samantha Power, pidió la liberación de
Ferrer Tamayo, incluido en la campaña #FreeToBeHome. Hasta el día de
hoy, el abogado permanece en prisión, sin noticias de revisión de su
caso por parte de las autoridades judiciales cubanas.

(A partir de las cartas de Julio Ferrer Tamayo, recogidas en Diario de
un preso político)

Source: “¿Quién calla mi voz?”, cartas de un abogado en prisión revelan
“lado oscuro” de su caso –
www.martinoticias.com/a/abogado-independiente-relata-razones-de-su-encarcelamiento/142056.html

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